11 DICIEMBRE 2024
El presidente electo Donald Trump nombró a una abogada provida para un puesto importante en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Harmeet K. Dhillon ha sido designada fiscal general adjunta para los derechos civiles en el Departamento de Justicia. Los defensores de la vida afirman que este nombramiento llega en un momento crucial, ya que varios activistas están cumpliendo condena en prisiones federales por haber sido procesados por la administración Biden en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE).
En una declaración en Truth Social, Trump dijo que Dhillon ha protegido constantemente las libertades civiles, incluso enfrentándose a las grandes tecnológicas por censurar la libertad de expresión, defendiendo a los cristianos a quienes se les «impidió orar» durante el COVID y demandando a las corporaciones que usan políticas para discriminar a sus empleados.
«Harmeet es una de las mejores abogadas electorales del país y lucha para garantizar que se cuenten todos los votos legales, y ÚNICAMENTE», escribió, y agregó que es «un miembro respetado de la comunidad religiosa sij. En su nuevo papel en el Departamento de Justicia, Harmeet será una defensora incansable de nuestros derechos constitucionales y hará cumplir nuestros derechos civiles y leyes electorales de manera JUSTA y FIRME».
La ex vicepresidenta del Partido Republicano de California respondió a su nominación escribiendo en X: «Me siento sumamente honrada por la nominación del presidente Trump para ayudar con la agenda de derechos civiles de nuestra nación. Mi sueño ha sido poder servir a nuestro gran país y estoy muy emocionada de ser parte de un increíble equipo de abogados liderado por @PamBondi. No veo la hora de empezar a trabajar».
Como informó CBN News , Dhillon ha buscado justicia para numerosos menores que lucharon contra la disforia de género y sintieron que fueron obligados a someterse a tratamientos médicos que cambiaron sus vidas y no recibieron información completa sobre opciones de tratamiento menos invasivas. Chloe Cole es un ejemplo destacado.
Además, el abogado con sede en San Francisco es muy conocido entre la comunidad provida por defender a David Daleidan, un periodista encubierto que expuso a Planned Parenthood por su sombría práctica de vender partes del cuerpo de bebés abortados.
Hay grandes esperanzas entre los activistas provida ya que Dhillon reemplazaría a la actual fiscal general adjunta Kristen Clarke.
Se ha calificado a Clarke de radical pro aborto y de «abusado» de la Ley FACE para procesar a estadounidenses por ejercer su derecho a protestar conforme a la Primera Enmienda, informa LifeNews .
Clarke celebró el encarcelamiento de siete activistas provida, incluida Laura Handy, por intentar prevenir los abortos tardíos de bebés no nacidos.
Como informó CBN News, Handy y otros nueve activistas provida realizaron una sentada de protesta en un centro de abortos en octubre de 2020. Cantaron, oraron en voz alta, entrelazaron los brazos frente a la entrada del personal del centro y se ataron a cuerdas y cadenas para bloquear las puertas del edificio como un medio para «retrasar el asesinato de niños».
En agosto de 2023, Clarke acusó a varios activistas de conspiración para interferir con los derechos civiles y violar la Ley FACE.
En mayo, Handy fue sentenciada a 57 meses o cinco años de prisión, más tres años de supervisión, por sus esfuerzos por intentar salvar las vidas de bebés no nacidos.
Aunque las acciones de Handy no fueron violentas, Clarke afirmó que utilizaron la violencia al crear un bloqueo en la clínica.
«La violencia no tiene cabida en nuestro discurso nacional sobre la salud reproductiva. El uso de la fuerza, la amenaza de usar la fuerza o la obstrucción física del acceso a la atención de la salud reproductiva son ilegales», afirmó. «El Departamento de Justicia seguirá protegiendo tanto a los pacientes que buscan servicios de salud reproductiva como a los proveedores de esos servicios».
Los críticos han acusado al Departamento de Justicia de utilizar la Ley FACE como arma contra los defensores pacíficos de la vida y de apenas responder después de que activistas proaborto incendiaran y destruyeran centros de recursos para el embarazo en todo el país.
«El presidente Biden prometió al pueblo estadounidense que sería un presidente para todos… y ahora demuestra que todo eso era mentira», dijo Emily Erin Davis, vicepresidenta de comunicaciones de SBA Pro-Life America.
Continuó: «La administración Biden-Harris ha utilizado al Departamento de Justicia como arma, en virtud de la Ley FACE, para criminalizar y encarcelar a los estadounidenses provida. Incluso a pesar de que el director del FBI, Christopher Wray, confirmó que el 70% de la violencia relacionada con el aborto tiene como objetivo a los provida, la administración Biden ha utilizado toda la fuerza del gobierno federal para criminalizar injustamente en una dirección: contra los estadounidenses provida pacíficos. Estos defensores ahora enfrentan más de una década en una prisión federal».
«El Departamento de Justicia de Biden estrangula a sus enemigos políticos mientras hace la vista gorda ante los activistas de todo el país que atacan a los centros de recursos para el embarazo y otras organizaciones que afirman la vida», agregó Davis.
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